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Carrera Abogacía

 
Departamento: Derecho Publico II
Asignatura: Derecho Administrativo
Catedra: Tomás Hutchinson

Editorial

I.- El Portal Académico La incorporación de la cátedra al Portal Académico debe tomarse como una nueva herramienta que contribuya a hacer más provechosa la tarea común de transitar el camino de la enseñanza y aprendizaje de la materia; senda que los docentes que componen la cátedra han transitado con la vocación y entrega que los caracteriza, siempre con la más amplia libertad, como me enseñaron los que me precedieron en la dirección de la cátedra. Los que nos dedicamos a la enseñanza del Derecho Administrativo no podemos sino aceptar los nuevos caminos que ayudan al aprendizaje, en especial porque los alumnos que cursan la materia, tienen el problema de encontrarse con una materia cuyos principios distan muchos de los que rigen en el Derecho privado y que aquellos han frecuentado hasta toparse con aquella disciplina. El fin tenido en cuenta al presentar esta página, como profesor a cargo de la cátedra de la que fui titular por concurso, es crear un vínculo con los alumnos, tratando de compartir los desafíos que implica la enseñanza del Derecho Administrativo en las aulas de la Facultad en la que estudié. En cumplimiento de ese cometido, comienzo por escribir este editorial a fin de presentar la materia. Por ello van las líneas que siguen, que reflejan ideas ya expresadas en ocasiones anteriores. Esta página debe servir para ayudarlos a desarrollar herramientas y habilidades que les sirvan para pensar (camino se hace al andar y derecho al razonar), criticar y reflexionar sobre la disciplina que nos ocupa. Por cierto no se repetirán aquí las nociones e ideas que se enseñan por los docentes de la cátedra en los cursos que se dictan. Es mi deber señalar que el cuerpo de docentes (Adjuntos, Jefes de Trabajos Prácticos y Ayudantes) que me acompaña en el desarrollo de las tareas, es de un destacado nivel académico y con un profundo compromiso personal con la tarea que realizan.

II.- El Derecho administrativo es una rama autónoma Sólo cuando el Estado se hizo cargo de muchos problemas cuya solución era confiada a la iniciativa particular o de servicios prestados a la comunidad, que antes lo proporcionaban entes privados , el Derecho administrativo cobra relieve y personalidad inconfundible en el campo jurídico y se agiganta la figura del Estado –uno de los sujetos de este Derecho-. Antes del derecho administrativo, los derechos y obligaciones que servían a los fines públicos no estaban separados de los que servían a los intereses privados. Con el nuevo dere- cho el Estado deja de ser considerado como un vínculo entre individuos utilizado para fines e intereses individuales y se le reconoce el carácter de ente común: una institución elevada por encima de los individuos y puesto al servicio de los intereses colectivos superiores y generales (no son la mera suma de los intereses individuales). El Derecho Administrativo intentó ser una respuesta de técnica jurídica –y de técnica sustancial, no solamente formal- a una nueva situación: el reconocimiento de la existencia de intereses colectivos. La evolución posterior del Derecho Administrativo va a girar sobre esos dos polos, que son los que van a explicar la posición de ese derecho en cada época . La dinámica del Derecho Administrativo es particular, dado que podría asegurarse que no hay disciplina jurídica en que los cambios políticos y económicos impacten tanto. Es que esta materia no puede desvincularse de la historia, especialmente de la historia política, ya que en ella encuentra su verdadero fundamento y de ella recibe su filosofía y trazos característicos . No se trata de recordar el pasado, sino, por el contrario, de conocer el suelo del que el Derecho Administrativo ha extraído la savia con la aún hoy en día se nutre . Esta materia, como disci- plina jurídica se remonta a la segunda mitad del siglo XIX y ha experimentado desde entonces una rápida evolución. Cada etapa superada lo ha marcado en forma indeleble y puede hablarse de la cuestión evocando una imagen geológica: a cada edad pertenece una capa diferente y el Derecho Administrativo actual posee elementos que corresponden a otras épocas y que son expresivos de concepciones muy diversas. Comprender este fenómeno es esencial para el que quiera conocer esta disciplina y entender sus problemas fundamentales. Antiguamente el Derecho Civil era considerado el ius commune, respecto del cual el Derecho Administrativo era considerado un derecho de excepción. Hoy la cuestión es muy distinta. No es un derecho especial, como lo es el mercantil, ya que en las materias que el mismo no regula se aplica el Derecho Civil. El Derecho Administrativo no es un derecho de base subjetiva, sino objetiva: se aplica a todos aquellos que ejercen la función adminis- trativa. Es el derecho propio de una función: la función administrativa. Cubre las posibles zonas en las que se mueven quienes ejercen esa función, incluso aquellas que constituyen el objeto de regulación de otros derechos. Las sanciones, los contratos, la propiedad, la responsabilidad, las servidumbre, etc., todas las instituciones o técnicas que son reguladas en esos temas por otros Derechos, sufren, cuando inciden en el ejercicio de la función adminis- trativa, un proceso de modificación o de modulación para adaptarse a las especiales características de esa función, dando lugar a la sanción administrativa, al contrato administrativo, a la responsabilidad administrativa, a la servidumbre administrativa, etc. Las normas del Derecho Administrativo no regulan relaciones establecidas en los marcos de libertad e igualdad –como los del Derecho Privado- sino que regulan conductas que se vinculan en forma directa con la autoridad, en las cuáles ésta aparece en un plano de superioridad aunque respetando una serie de garantías al particular. Sucede que el Derecho Administrativo es a la vez protección del particular y dirección de la actuación del Estado hacia el bien común. Por eso tiene mucha importancia en este Derecho el interés general, sin que ello signifique que tenga siempre preeminencia sobre el interés individual. Los instru- mentos, los elementos, las formas jurídicas con las que se desenvuelve la administración deben ser adecuadas para una práctica que observe el deber estatal de actuación dirigida al bien común. En muchos casos, por ejemplo en materia de contratos, la explicación de las modificaciones o modulaciones aludidas más arriba la encontramos en la ya referida persecución del bien común. El surgimiento del hecho del príncipe como instituto que asegura la remuneración del contratista del Estado obedece al interés estatal en el cumplimiento del contrato (aparte de la garantía para el contratista), en el cumplimiento de la función estatal, evitando la frustración del interés público por una posible rescisión del vínculo contractual. El orden jurídico administrativo integra un todo orgánico que tiene autonomía respec- to de otras ramas del Derecho y si una cuestión no puede resolverse con la letra o el espíritu de las normas administrativas, se recurrirá en primer lugar a las normas análogas nacionales, o provinciales, en segundo término a los principios del orden jurídico administrativo, y en úl- timo término a las normas y principios del Derecho Privado, que se aplicarán analógicamente.

III.- El Derecho Administrativo es una disciplina dinámica y eminentemente práctica Suele suceder que los alumnos no consideran como materia primordial al Derecho Administrativo porque desconocen la intensa vinculación de éste con la vida cotidiana; vinculación que redunda en una gran importancia práctica. En efecto, resulta sencillo de percibir que nuestra existencia diaria siempre presenta alguna relación con esta materia; verbigracia por cuestiones referidas a un servicio público, por problemas con el tránsito, por problemas con el municipio, etc. Por lo tanto el conocimiento del Derecho Administrativo permite entender y reflexionar sobre el funcionamiento de instituciones y regulaciones que vivimos con mayor frecuencia que muchas cuestiones regidas por otros derechos. Esta disciplina es dinámica. Es un derecho en constante movimiento, porque es el de- recho que más cambia a partir de las variaciones que se producen en la praxis administrativa y ésta se va modificando de acuerdo al rol que va cumpliendo el Estado políticamente. IV.- Diversos enfoques del Derecho Administrativo Quienes ponen énfasis en la eficacia de la administración –los tecnócratas-, a veces lo hacen pensando en la necesidad de la prestación de funciones, al margen de los derechos individuales. Para éstos, la naturaleza garantizadora del derecho administrativo es una antigualla inoperante. Pretender dar la menor intervención posible a los ciudadanos. Lo importante es el interés público, interpretado exclusivamente por los funcionarios que manejan el poder. Los individuos son meros objetos de la benéfica acción administrativa. No son ciudadanos, sino “administrados”. Conciben al individuo como límite y un estorbo para la acción administrativa. En la otra línea están quienes se aferran al “garantismo” a ultranza, recelosos tanto de las dictaduras políticas como de las tecnocráticas. Para ellos, la administración es un monstruo peligroso, que sólo los jueces y abogados pueden sujetar; conciben el derecho como una forma. Su base es la defensa del individuo y sólo la protección jurisdiccional, a través de un pleito llevado por un buen abogado es útil. Ambos son planteamientos falsos. Los primeros se basan en la falacia de que representan el interés público, entendido como algo distinto del interés de los ciudadanos y de la comunidad. Los segundos parten de la falacia de que representan el interés individual de todos los ciudadanos, cuando sólo se trata del interés de algún cliente o, en el mejor de los casos, creen que el interés público es la suma de todos los intereses individuales. No hay que olvidar los derechos individuales, pero tampoco los derechos de los individuos que no tienen acceso a los despachos de los abogados, ni mucho menos dejar de lado los intereses de la colectividad. Históricamente, nuestro Derecho Administrativo, salvo excepciones, sólo reconoció y sólo se extendió a los derechos individuales o a una suma determinada de ellos, técnica adoptada por contaminación del derecho privado. Se produjo un desplazamiento en el centro de gravedad de nuestra disciplina –corrido desde la persecución de intereses colectivos a ser una técnica de defensa de derechos individuales-. En nuestra visión, es importante que el alumno comprenda que a la Administración lo que le preocupa, en primer lugar y de modo directo, es la consecución de fines prácticos de interés general: satisfacer el bien común. La actividad administrativa es concreta, satisface inmediata y continuamente las necesidades colectivas. Pero en todos los casos, ha de obrar conforme a derecho. Éste es para ella un medio, no un fin. Mientras que el juez aplica la ley para el restablecimiento del orden jurídico perturbado, la Administración, lo hace para el mejor cumplimiento del interés general. La Administración está para atender los intereses generales; los ciudadanos no esperan que aquella realice el derecho, sino que construya carreteras, ordene el comercio, etc. Todo ello, desde luego, dentro del Derecho. V.- El “modelo” del Derecho Administrativo actual El advenimiento de los derechos sociales y los de tercera generación, como el derecho a un ambiente sano, tornó insuficiente el modelo del Derecho Administrativo que ponía el acento en su función de equilibrar la libertad y la autoridad partiendo de la base de considerar a los derechos civiles y políticos como una valla para el accionar administrativo, asegurando la posibilidad de acudir al juez para garantizar esos derechos. Entendemos que el carácter colectivo de esos nuevos derechos y el reconocimiento de que no todo llega a control judicial, del elevado costo del acceso a la justicia y la consecuente imposibilidad de que todo el mundo pueda acudir a un tribunal judicial, implica un cambio de paradigma de nuestra materia. Consideramos que el Derecho Administrativo actual debe coordinar adecuadamente y ordenar los derechos individuales y políticos con los derechos sociales y los de tercera generación, del ambiente y demás, en el sentido que sin duda alguna estos derechos van de alguna manera a aminorar al derecho individual. Estos derechos sociales y de tercera generación tienen el mismo valor que el derecho político y que el civil y deben de alguna manera coordinarse. Esto solamente lo puede hacer la administración como instrumento para poder ordenar. La praxis administrativa necesita de un derecho que sirva para esa función, o sea, sin olvidar el derecho individual conjugarlo con el derecho social y con el derecho colectivo. Ya no se trata de coordinar la libertad y la autoridad, sino de concertar los derechos individuales y políticos con los derechos sociales y los de tercera generación. Y ello también impone que el Derecho Administrativo busque un camino jurídico que haga posible la participación real del particular en el proceso de programación y ejecución de los servicios y prestaciones cumplidas por el Estado o por los particulares en ejercicio de función administrativa en bien de la comunidad.

Tomás Hutchinson Profesor Emérito



Docentes de la Cátedra

Profesor Titular: HUTCHINSON, TOMÁS

Profesor Adjunto: ADRIAO, ALEJANDRO
Profesor Adjunto: CATALDO, JUAN VICENTE
Profesor Adjunto: CERESETO, HEBE
Profesor Adjunto: LÓPEZ VERGARA, PATRICIA
Profesor Adjunto: OTHEGUY, OSVALDO OSCAR
Profesor Adjunto: SÁNCHEZ, FABIO FÉLIX
Profesor Adjunto: SISELES, OSVALDO EDUARDO
Profesor Adjunto: UGARTE, JOSÉ MANUEL
Profesor Adjunto: VINCENTI, ROGELIO W.
Jefe de Trabajos Prácticos: CAVALLO, CLAUDIO OMAR (INTERINO)
Jefe de Trabajos Prácticos: PASQUALINI, ANA ELISA MERCEDES
Jefe de Trabajos Prácticos: STUPENENGO, JUAN ANTONIO
Ayudante 2°: BECERRA, JUAN MANUEL
Ayudante 2°: BENITEZ, JULIETA VANINA
Ayudante 2°: BUJÁN, LUCÍA
Ayudante 2°: CARUSO, JAVIER FRANCISCO
Ayudante 2°: CÓRDOVA MOYANO, MATÍAS FÉLIX
Ayudante 2°: FALCON, JUAN PABLO
Ayudante 2°: FIGUEIRA MARKULIN, LEANDRO MANUEL
Ayudante 2°: GONZÁLEZ, ESTEBAN JOSÉ
Ayudante 2°: LEMOS, CAROLINA CELESTE
Ayudante 2°: NEIRA, PAULA

Comisiones de la Cátedra:   
  Comisión 8050: Ma. y Vi. - 07.00 a 08.30 hs.
  Comisión 8051: Lu. y Ju. - 08.30 a 10.00 hs.
  Comisión 8052: Ma. y Vi. - 08.30 a 10.00 hs.
  Comisión 8053: Lu. y Ju. - 17.00 a 18.30 hs.
  Comisión 8054: Miércoles - 17.00 a 20.00 hs
  Comisión 8055: Lu. y Ju. - 18.30 a 20.00 hs.
  Comisión 8056: Lu. y Ju. - 20.00 a 21.30 hs.
  Comisión 8057: Lu. y Ju. - 21.30 a 23.00 hs.
  Comisión a8053: Miércoles - 10.00 a 13.00 hs

 

 

Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires - Argentina

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