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Carrera Abogacía

 
Departamento: Derecho Económ
Asignatura: Elementos de Derecho Comercial
Catedra: Eduardo M. Favier Dubois

Editorial

CATEDRA FAVIER DUBOIS.
MATERIA ELEMENTOS DE DERECHO COMERCIAL.
Presentación

Con esta PÁGINA WEB de la materia ELEMENTOS DE DERECHO COMERCIAL la CÁTEDRA abre sus puertas a los alumnos y a la comunidad universitaria en su conjunto creando un espacio de comunicación. 

            1.-Ante todo, lo hace recordando las tres “felicidades” que asisten al alumno universitario que estudia abogacía en nuestra Facultad de Derecho. 

            En primer lugar, la que nace del solo hecho de poder “estudiar”, o sea leer, reflexionar, escuchar, incorporar conocimientos, conectarse con lo que han pensado, dicho y hecho grandes y pequeños personajes de la historia y del presente, todo lo que redunda en una amplitud mental beneficiosa para cualquier crecimiento en el área de lo humano. 

            En segundo término, la felicidad que surge de estudiar en una “universidad pública” que, como tal y más allá de algunas incomodidades edilicias o instrumentales, brinda dos enormes ventajas: 

a) El contacto permanente con otros estudiantes de diverso orígenes, latitudes, sexo, edad, situación social, económica, religiosa, cultural e ideológica, lo que implica, además de un enriquecimiento personal, un valioso ejercicio de integración humana que es fuente de paz social.           

b) La libertad de pensamiento y de expresión. La inexistencia de dogmas fundacionales y/o de cualquier tipo de censura posible. La absoluta libertad de Cátedra. El reino de la dialéctica del pensamiento: cada idea (tesis) admite una contraria (antitesis) de cuya confrontación nace una tercera (síntesis), que es superadora y que, a la vez, encuentra su contraria en un proceso infinito de acercamiento a la verdad. 

Finalmente, la felicidad que se deriva de estudiar “Derecho”, lo que no se limita a una capacitación profesional para el ejercicio de una profesional liberal más o menos remunerada, sino que implica un constante ejercicio de búsqueda y acercamiento a la Justicia. 

2.-El objetivo de este espacio de comunicación es el de brindar y recibir información, intercambiar noticias, ofrecer bibliografía y orientación doctrinaria y, sobre todo, el de expresar y receptar opiniones propiciando un debate enriquecedor sobre el DERECHO COMERCIAL y sus relaciones y desafíos actuales, los que vamos brevemente a reseñar. 

2.1.-Un importante desafío es el de la relación entre el Derecho Comercial y la Economía.

Cabe recordar que la Economía es la ciencia que se ocupa de la producción, distribución y consumo en las condiciones más racionales. Por su lado, el Derecho puede ser concebido como la ciencia que estudia al orden social justo.

Los estudios tradicionales de cada una de ambas ciencias prescindieron del análisis de sus relaciones recíprocas, salvo para consideraciones periféricas o el caso especial de la teoría marxista.

Fue a partir de la crisis económica mundial iniciada en el año 1930 y de las medidas económicas que los Estados debieron arbitrar para superarla (Keynesianismo) que se fue generando un movimiento doctrinario propiciador de normas e instituciones que reflejan la tendencia del Estado a la dirección, potenciación o limitación de la actividad empresaria de los particulares con miras a la consecución de un órden económico basado en la defensa de intereses generales de acuerdo con los patrones de justicia económica, movimiento conocido en Europa como “Escuela del Derecho Económico” (Hedemann, Mossa, Polo, etc.).

Medio siglo después, principalmente a partir de los años ochenta y encontrando su climax al final de la guerra fría, surge un nuevo movimiento que no solo resiste dicha tendencia sino que invierte su sentido: es la economía la que debe dictar lo que el derecho debe legislar y juzgar.

Una exponente de dicha línea de pensamiento es la denominada “Escuela del Análisis Económico del Derecho” (Coase, Posner, Bork, Cooter, etc.) según la cual las normas del derecho privado patrimonial deben regirse y juzgarse por el criterio de la eficiencia económica y no por criterios políticos o morales.

En esta concepción, el jurista se debe limitar a enjuiciar si una norma es “eficiente” -porque mejora los resultados que produciría el libre juego del mercado en el sentido de obtener una maximización de los beneficios para toda la sociedad- y si es “eficaz” -porque se aplica con los menores costos posibles-.

La norma legal será eficiente si ahorra o suprime los “costos de transacción” que se originarían si la solución tuviera que ser lograda por las fuerzas libres del mercado, sin ayuda del Derecho. Los costos de transacción incluyen, fundamentalmente, los costos de información, los costos de negociación y los costos de ejecución de lo acordado. Pero la promulgación de normas legales lleva a los costos de validez, relativos a litigios, incertidumbres y desigualdades entre los que cumplen y no cumplen la ley, de ahí la conveniencia de fomentar la autoregulación y la autocomposición de los intereses sociales. 

Para esta escuela el Derecho tiene como misión y objetivo procurar el mejor funcionamiento del mercado, potenciando sus mecanismos y los de la autonomía contractual. Su éxito coincide con el actual fenómeno histórico de desregulación y exaltación de la libertad contractual.

Sin embargo, esta posición enfrenta críticas  de quienes consideran que va en desmedro de los criterios garantistas asumidos con anterioridad por el Estado para asegurar el carácter social de su actuación y el  bienestar de todos los ciudadanos, con especial hincapié en los marginados por la acción del mercado y por los intereses de las grandes concentraciones de poder económico privado.

En esta línea se ha sostenido que la sociedad civil no equivale al mercado ya que comprende a personas que carecen de bienes o servicios para ofertar o dinero para adquirirlos, y a personas que poseen tales posibilidades pero en mínima proporción cuantitativa. También, que una Nación no puede ser conducida como si fuera una empresa en tanto debe atender la satisfacción de necesidades públicas (educación, seguridad, salud, justicia, medio ambiente) con independencia de las contraprestaciones de sus beneficiarios (Ulrich).

            2.2.- Otro tema de nuestro tiempo es el de la “Globalización” y su relación con el Derecho en general y con el Derecho Comercial en particular. 

Dentro de la globalización en general, basada tecnológicamente en el avance de las comunicaciones y los transportes, y políticamente en la existencia de un mundo unipolar, se destaca el proceso de globalización económica por el cual el denominado “mercado mundial”, cuyos operadores y principales beneficiarios son las empresas multinacionales y el “capital financiero”, tiende a desplazar o a sustituir al “poder político” (gobiernos) imponiendo la ideología del mercado y tiende a someter toda la actividad de la sociedad humana a criterios economicistas.

En lo que se refiere a las relaciones entre la globalización económica y el Derecho se advierte que la primera presiona sobre el segundo ya que es necesario adaptar las legislaciones internas de los diversos países a las reglas del Mercado de modo de facilitar la actuación de las empresas multinacionales y del capital financiero.

Un interrogante de peso es el relativo a cuál debe ser la respuesta jurídica adecuada frente a la globalización.

En el ámbito de los países “emergentes”, como es el caso de Argentina, puede hablarse de tres respuestas posibles.

La primera es la de aceptación lisa y llana de sus postulados derogando toda norma limitativa del poder del mercado y dictando normas tendientes a reducir los costos de las transacciones: “las normas jurídicas globalizadoras”.

La segunda es la de rechazo absoluto a la globalización, cerrando las puertas al mercado mundial y subsistiendo con una economía doméstica ajena la progreso tecnológico y a la riqueza nacida de los intercambios.

La tercera es una posición intermedia: una apertura limitada y progresiva hacia cierto nivel de globalización bajo reglas que salvaguarden los intereses nacionales y los valores constitucionales por encima de los intereses del mercado.

Tal es, a nuestro juicio, la respuesta adecuada en tanto es la Constitución Nacional, a la que estamos sometidos los operadores del derecho (legisladores, jueces, abogados, contadores, etc.) la que fija las relaciones entre la política y el mercado, la democracia y el capitalismo y entre los valores de la eficiencia (economía) y la justicia (derecho).

Y la respuesta constitucional es, a nuestro juicio, inequívoca: primero la política, como producto de la voluntad democrática de la ciudadanía orientada al bien común, y luego la economía y el mercado.

Dentro de este ordenamiento, es función del Derecho garantizar el ejercicio de los derechos y el acceso a los bienes fundamentales que la Constitución y los Tratados incorporados reconocen a toda persona, con prescindencia de su posición dentro o fuera del mercado (Bidart Campos). 

2.3.- Vinculado al tema anterior se presenta de las relaciones entre el “COMMON LAW” y el “DERECHO CONTINTENTAL” y la cuestión de la influencia de un sistema sobre el otro.

Nos referimos a la importación de instituciones jurídicas y de soluciones propias del common law por parte de los países del derecho continental.

Al respecto, la gran mayoría de las instituciones jurídicas importadas por Argentina en la década del noventa fueron impuestas a la doctrina nacional con el peso del argumento de que así funcionaban, y con éxito, en el primer mundo y que su adopción era un requisito de integración al mundo "globalizado".

Sin embargo, cuando se accede a las fuentes originales se aprecia que lo oportunamente importado no siempre coincidía exactamente con el derecho interno de EE.UU, o que allí mismo no funcionaba y era objeto de críticas y demandas de reforma, o que la concreta solución introducida por la normativa en cuestión tenía como contrapeso en el país de origen un sistema de control del interés público derivado de costumbres, instituciones, normas o de prácticas locales que no fueron transplantadas a nuestro medio.

Se advierte, entonces, un primer problema de la importación normativa: lo importado, aun cuando sea fiel y funcione adecuadamente en su lugar de origen, integra un sistema de Derecho diverso por lo que su aislada incorporación a nuestro régimen resulta asistemática  lo que conspira contra su buen funcionamiento.

Pero hay un problema aún mas grave: la diversidad de los valores del common law respecto del sistema de valores que resultan no solo de nuestra Constitución sino de nuestras tradiciones sociales, religiosas y culturales.

Es así que un instituto que funcione adecuadamente dentro de la crematística individualista y protestante no podrá hacerlo de igual manera en un medio de tradición grupal y solidaria como el nuestro.

Tradición que, frente a la globalización cultural, no corresponde modificar sino afirmar y profundizar como modo de preservar la identidad nacional.

Es que la adaptación de nuestra legislación a las nuevas realidades que presenta el mundo debe hacerse partiendo de nuestros valores y tomando de las soluciones normativas extranjeras solo aquello que nos resulte útil luego de un cuidadoso y dedicado análisis.

Proceder, como enseña el poeta rioplatense, "...apartando lo inútil y usando lo que sirve...” como modo de afirmar que “...el sur también existe...”. 

            2.4.-También cabe hacer referencia a otros importantes debates donde lo jurídico se entrelaza con lo político y lo económico, como son los relativos al Derecho de la Competencia vs. el proteccionismo desarrollista, al Derecho del Consumidor vs. las necesidades del mercado, a la regulación bancaria y los limites de las tasas de interés, a la prevención de la corrupción contable, al papel de las industrias culturales, incluyendo la cuestión del cine nacional, a las vinculaciones del derecho comercial con la deuda externa, las privatizaciones y reestatizaciones, a los problemas de la insolvencia empresaria nacional e internacional y, finalmente, a la cuestión de los tribunales comerciales y del arbitraje, para señalar las que nos parecen mas relevantes en nuestra materia.

            Respecto de todos estos debates iremos incorporando reflexiones y comentarios en esta PAGINA WEB a disposición de los alumnos, para su reflexión y comentarios. 

3.-Otro aspecto importante que queremos señalar en esta presentación es el del imperativo ético.

Nuestro país, muy lamentablemente y como fruto de diversas circunstancias históricas, se encuentra entre los que presentan los mayores niveles de corrupción del mundo en la mayoría de los estamentos sociales, públicos y privados.

Uno de los pilares de tal situación es la cultura del “desprecio” por la ley. No decimos incumplimiento sino liso y llano desprecio. La ley está hecha para los demás. Solo la aplicamos cuando nos conviene. Siempre hay justificaciones para no cumplirla si no nos conviene en el caso.

Como hombres de Derecho, profesores o estudiantes, debemos trabajar todos los días en contrarrestar esa cultura y en lograr que la ley sea objeto de valoración por sí misma. Si la ley es injusta, deben activarse los mecanismos para modificarla, pero no puede estársela violando todo el tiempo. Y ese trabajo no sólo debe ser una prédica sino el ejemplo en la vida de cada uno de nosotros.

El desprecio a la ley lleva a un estado de anomia que nos impide crecer como sociedad civilizada. Si aportamos nuestro grano de arena para lograr el respeto de la ley habremos comenzado el camino de la superación individual y social que nos permitirá reconstruir la República para beneficio de la Nación y de sus habitantes.

4.-Finalmente, queremos destacar que nos honra la pertenencia a esta Cátedra, que hemos recibido de Guillermo Ragazzi y que posee una historia que se enraiza con las enseñanzas de Isaac Halperín, Gervasio Colombres, Carlos Suarez Anzorena y recordados profesores como Enrique Zaldívar, Sergio Le Pera o Rodolfo Nougués e incluso Luis Segura -que sucedió al Dr. Halperín en la titularidad de la Cátedra en el año 1973- , y que tal pertenencia nos compromete aún más ante toda la comunidad universitaria.

Dr. Eduardo M. FAVIER DUBOIS (h)
PROFESOR TITULAR.



Docentes de la Cátedra

Profesor Titular: FAVIER DUBOIS, EDUARDO. M

Profesor Adjunto: ARALDI, LILIANA
Profesor Adjunto: LEFEVRE, ROSANA GABRIELA
Profesor Adjunto: ROSSI, HUGO ENRIQUE
Jefe de Trabajos Prácticos: CASTORINO DE PUPPI, MARIA TERESA
Jefe de Trabajos Prácticos: ESTEBAN, GABRIELA VERÓNICA
Jefe de Trabajos Prácticos: PURICELLI, MARIO ANTONIO
Ayudante 1°: LAXAGUEBORDE, DANIEL ALBERTO
Ayudante 2°: ALTERINI, IGNACIO EZEQUIEL

Comisiones de la Cátedra:   
  Comisión 8720: Ma. Mi. y Vi. - 11.30 a 13.00 hs.
  Comisión 8721: Lu. Mi. y Ju. - 17.00 a 18.30 hs.
  Comisión 8722: Ma. Mi. y Vi. - 18.30 a 20.00 hs.

 

 

Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires - Argentina

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