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Carrera Abogacía

 
Departamento: Derecho Económico y Empresarial
Asignatura: Sociedades Civiles y Comerciales
Catedra: Eduardo M. Favier Dubois

Editorial

CATEDRA FAVIER DUBOIS.
MATERIA SOCIEDADES CIVILES Y COMERCIALES.
Presentación

Con esta PÁGINA WEB de la MATERIA SOCIEDADES CIVILES Y COMERCIALES la CÁTEDRA abre sus puertas a los alumnos y a la comunidad universitaria en su conjunto creando un espacio de comunicación. 

1.-Ante todo, lo hace recordando las tres “felicidades” que asisten al alumno universitario que estudia abogacía en nuestra Facultad de Derecho. 

En primer lugar, la que nace del solo hecho de poder “estudiar”, o sea leer, reflexionar, escuchar, incorporar conocimientos, conectarse con lo que han pensado, dicho y hecho grandes y pequeños personajes de la historia y del presente, todo lo que redunda en una amplitud mental beneficiosa para cualquier crecimiento en el área de lo humano.

En segundo término, la felicidad que surge de estudiar en una “universidad pública” que, como tal y más allá de algunas incomodidades edilicias o instrumentales, brinda dos enormes ventajas:

a) El contacto permanente con otros estudiantes de diverso orígenes, latitudes, sexo, edad, situación social, económica, religiosa, cultural e ideológica, lo que implica, además de un enriquecimiento personal, un valioso ejercicio de integración humana que es fuente de paz social.

b) La libertad de pensamiento y de expresión. La inexistencia de dogmas fundacionales y/o de cualquier tipo de censura posible. La absoluta libertad de Cátedra. El reino de la dialéctica del pensamiento: cada idea (tesis) admite una contraria (antitesis) de cuya confrontación nace una tercera (síntesis), que es superadora y que, a la vez, encuentra su contraria en un proceso infinito de acercamiento a la verdad.

Finalmente, la felicidad que se deriva de estudiar “Derecho”, lo que no se limita a una capacitación profesional para el ejercicio de una profesional liberal más o menos remunerada, sino que implica un constante ejercicio de búsqueda y acercamiento a la Justicia. 

2.-El objetivo de este espacio de comunicación es el de brindar y recibir información, intercambiar noticias, ofrecer bibliografía y orientación doctrinaria y, sobre todo, el de expresar y receptar opiniones propiciando un debate enriquecedor sobre la problemática jurídica de las SOCIEDADES CIVILES Y COMERCIALES, sus relaciones y desafíos actuales, los que vamos brevemente a reseñar. 

2.1.-Un importante debate es sobre el sentido de la regulación legal de las sociedades comerciales, o sea sobre los intereses que se buscan regular.

Para quienes ven a la sociedad como un mero mecanismo de reducción del costo de las transacciones en el único interés de sus socios, la regulaciónd debería ser materia disponible y subsidiaria de lo acordado por los socios en cada caso (modelo contractual).

En cambio, para los que consideran que el régimen societario constituye un sistema de reparto de derechos, deberes, resultados y responsabilidades en torno de la empresa, y que éste régimen tiene por objeto la tutela de los  socios y de los terceros (acreedores sociales, individuales y causahabientes), como así de la continuación de la empresa socialmente útil, llegaremos a la conclusión de que se trata de una normativa indisponible, de tutela del orden público y que no puede ser soslayada por la voluntad de los socios (modelo publicista o institucionalista).

La ley 19.550 de sociedades comerciales, sancionada en el año 1972, se basó en el Anteproyecto de Malgarriga y Astiria y tuvo en cuenta las pacíficas soluciones dadas por la doctrina y jurisprudencia durante la vigencia del código de comercio, y las modernas soluciones del derecho europeo de entonces, impregnadas de "derecho económico".

Su orientación puede calificarse como moderadamente institucionalista y debe entenderse que construyó al interés social como el interés de la empresa respectiva (Otaegui).

Con posterioridad, la globalización económica en general y la globalización del Derecho en particular, llevaron al abandono del modelo institucional por una parte de la doctrina nacional y a la adhesión por ésta, en forma conciente o inconsciente, del modelo contractual en cuyos términos la sociedad comercial no es más que un mecanismo para reducir los costos de transacción en el mercado, sujeta en sus formas a la conveniencia de los socios, y con riesgos libremente aceptados por los terceros co-contratantes.

A la hora de tomar postura en el debate, somos de opinión que la vigencia del modelo institucional encuentra no solo respaldo legal, en la estructura publicista de la ley 19.550 (arts.1, 17, 21, 30, 31, 54, etc.), sino también en la Constitución Nacional a través de la tradicional exigencia de “fines útiles” para el derecho a asociarse (art.14) y de la nueva tutela a los consumidores –que son quienes contratan con las sociedades- incorporada por la reforma del año 1994 (art.42).

Por ello consideramos que corresponde mantener el modelo institucional aún cuando con alguna flexibilización que lo adecue a los nuevos tiempos, valores económicos y tecnologías.

Tal adecuación en modo alguno podrá desatender la tutela de los intereses de los socios, sometidos al principio mayoritario, ni de sus herederos y acreedores.

Tampoco los de los acreedores sociales, de los trabajadores y de los consumidores, para los cuales, conforme a principios mundialmente aceptados, debe preservarse el valor de los activos de la empresa siendo responsables los administradores que no lo hubieran hecho frente a la insolvencia (Banco Mundial). 

2.2. Otro importante debate de la materia se relaciona con los temas de la NACIONALIDAD y de la LEY APLICABLE a las sociedades comerciales, vinculados a la problemática de las SOCIEDADES “OFF SHORE”.

La cuestión de la nacionalidad se vincula al reconocimiento o no de discriminación positiva (protección diplomática) o negativa (exclusión de actividades, etc.) en razón del Estado del que es “originaria” la sociedad.

En dicho ámbito, la doctrina mundial y nacional ha sido ambigua y pendular ya que mientras se niega en teoría la nacionalidad de las sociedades al mismo tiempo se la afirma en la tutela especial de las inversiones extranjeras por los tratados internacionales.

Por su parte, la cuestión de la ley aplicable a las sociedades comerciales es diversa a la de su “nacionalidad”, y se refiere a la posibilidad de que una sociedad existente conforme con una ley extranjera pueda ser reconocida como tal por el derecho argentino aún cuando no se adecue a los requisitos impuestos por éste último (vgr. sociedad de un solo socio).

O sea que se trata de determinar, en el ámbito del derecho internacional privado, en qué casos la aplicación de una ley societaria extranjera se hace “extraterritorial” y puede producir efectos en el país.

Al respecto han coexistido históricamente dos grandes criterios.

Por un lado, el de la aplicación de la ley del lugar del “domicilio” entendido por tal el lugar donde la sociedad tiene su “sede real” y/o su “establecimiento principal”. Tal es la tendencia tradicional de Europa continental y se base en que la ley que rige a los negocios debe ser la del lugar donde se desarrollan.

Por el otro, existe el criterio de la aplicación de la ley del lugar de “constitución”, entendido por tal el lugar donde la sociedad cumple las formalidades de las cuales deriva su personalidad jurídica. Este principio también se denomina del lugar de “incorporación” (a un registro), es el sostenido por los países anglosajones y parte de la idea de la libertad de elección del derecho aplicable.

En dicho debate, juegan un papel trascendental las denominadas sociedades “off shore”, o sea “constituídas” en un país para ejercer sus actividades fuera de dicho país, o sea para “domiciliarse” (sede real, establecimiento principal) en otro.

Ello ya que dichas sociedades off shore presentan al mismo tiempo las ventajas de ser interesantes vehículos de inversiones y las desventajas de ser frecuentemente utilizadas para operaciones espurias de lavado de dinero, evasión fiscal, fraude contable u ocultamiento de patrimonios y responsabilidades.

Mas allá de los aspectos opinables y controvertidos del tema a la luz de las normas vigentes, cuando el mismo art. 118 de la ley 19.550 ha sido interpretado ora como aplicando la ley de constitución ora aplicando la ley del domicilio, entendemos que hay un punto fundamental: si es o no válido admitir la libertad de los sujetos para elegir la ley societaria que mas les convenga con la posibilidad de actuar en el país que prefieran.

De darse una respuesta afirmativa el régimen societario argentino sería superfluo. Es que si una sociedad constituída en el extranjero pudiera operar exclusiva o principalmente en el país sin adecuarse a la ley argentina ésta pasaría a ser una ley meramente “disponible”, sin ningún contenido obligacional ya que podría ser fäcilmente eludida. 

2.3.-Vinculado al tema anterior aparece el de la regulación de las denominadas EMPRESA MULTINACIONALES y de los GRUPOS ECONOMICOS.

Las empresas multinacionales son, junto con el capital financiero internacional, los agentes principales de la globalización económica (Soros).

Ahora bien, la actuación de las empresas multinacionales en países emergentes es objeto de diversa valoración.

Por un lado se destacan como ventajas para los países huéspedes la introducción de formas de producción más competitivas, la instalación de industrias en zonas despobladas, los avances en la comercialización de productos y servicios, la creación de puestos de trabajo, la mayor capacitación del personal, la disminución de importaciones, la transferencia de recursos de capital y de tecnología, la nivelación de la actividad industrial con el nivel mundial y la creación de economías de escala con la reducción de costos que éstas significan.

Sin embargo, tales ventajas no logran superar las diferencias de objetivos entre los Estados receptores, interesados en el desarrollo social, con los objetivos solo económicos de las empresas multinacionales.

En ese ámbito también se señalan como factores desfavorables para el país receptor la tendencia de las empresas multinacionales al oligopolio o monopolio, a los bajos salarios, a la importación de insumos y al acceso al crédito internacional más barato en detrimento de las empresas locales, la dependencia tecnológica y la transferencia de utilidades al exterior en perjuicio de la balanza de pagos.

En los últimos años, en el marco de los debates previos a la promulgación de un Código de Conducta de las Naciones Unidas para las Empresas Transnacionales, se han formulado diversas propuestas regulatorias, ninguna de las cuales ha sido sancionada.

Por tal motivo, y hasta existan concretos y aplicables normativas con real vigencia internacional, sigue correspondiendo a cada país regular el tratamiento legal interno relativo a las empresas multinacionales, en particular las inversiones extranjeras, tecnología, patentes, marcas, competencia, servicios públicos, finanzas, medio ambiente, empleo e impuestos.

Asimismo, como las empresas multinacionales, por su forma jurídica como sucursal o como filial local según el caso, son alcanzadas por las leyes internas sobre sociedades en general, sociedades extranjeras, grupos de sociedades y quiebra internacional, dichas normativas también deben procurar una respuesta al problema.

En definitiva, el debate sobre la actuación de las empresas multinacionales en los países emergentes y, en particular, en Argentina, no puede reducirse en términos de sí o no sino reconducirse a la determinación del cómo, o sea, poder clarificar cuáles son las reglas jurídicas internas necesarias, en las áreas antes descriptas, para que aquella actuación se ajuste a los intereses del desarrollo económico y social nacional sin desatender las legítimas ganancias empresarias. 

2.4.-También cabe hacer referencia a otros importantes debates donde lo jurídico se entrelaza con lo económico y lo político, como son los relativos al control estatal de las sociedades, en particular a la Inspección General de Justicia de la Nación, a su carácter federal o local, a la validez de sus normativas, y a la problemática de la registración societaria, para señalar solo algunos de los que nos parecen mas relevantes en nuestra materia.

Respecto de todos estos debates iremos incorporando reflexiones en esta PAGINA de SOCIEDADES CIVILES Y COMERCIALES. 

3.-Otro aspecto importante que queremos señalar en esta presentación es el del imperativo ético.

Nuestro país, muy lamentablemente y como fruto de diversas circunstancias históricas, se encuentra entre los que presentan los mayores niveles de corrupción del mundo en la mayoría de los estamentos sociales, públicos y privados.

Uno de los pilares de tal situación es la cultura del “desprecio” por la ley. No decimos incumplimiento sino liso y llano desprecio. La ley está hecha para los demás. Solo la aplicamos cuando nos conviene. Siempre hay justificaciones para no cumplirla si no nos conviene en el caso.

Como hombres de Derecho, profesores o estudiantes, debemos trabajar todos los días en contrarrestar esa cultura y en lograr que la ley sea objeto de valoración por sí misma. Si la ley es injusta, deben activarse los mecanismos para modificarla, pero no puede estársela violando todo el tiempo. Y ese trabajo no sólo debe ser una prédica sino el ejemplo en la vida de cada uno de nosotros.

El desprecio a la ley lleva a un estado de anomia que nos impide crecer como sociedad civilizada. Si aportamos nuestro grano de arena para lograr el respeto de la ley habremos comenzado el camino de la superación individual y social que nos permitirá reconstruir la República para beneficio de la Nación y de sus habitantes. 

4.-Finalmente, queremos destacar que nos honra la pertenencia a esta Cátedra, que hemos recibido de Guillermo Ragazzi y que posee una historia que se enraiza con las enseñanzas de Isaac Halperín, Gervasio Colombres, Carlos Suarez Anzorena y recordados profesores como Enrique Zaldívar, Sergio Le Pera o Rodolfo Nougués e incluso Luis Segura -que sucedió al Dr. Halperín en la titularidad de la Cátedra en el año 1973- , y que tal pertenencia nos compromete aún más ante toda la comunidad universitaria. 

Dr. Eduardo M. FAVIER DUBOIS (h).
PROFESOR TITULAR DE LA CATEDRA.



Docentes de la Cátedra

Profesor Titular: FAVIER DUBOIS, EDUARDO. M

Profesor Adjunto: ARALDI, LILIANA
Profesor Adjunto: BAIGORRIA, MARIANA
Profesor Adjunto: LEFEVRE, ROSANA GABRIELA
Profesor Adjunto: ROSSI, HUGO ENRIQUE
Jefe de Trabajos Prácticos: CASTORINO DE PUPPI, MARIA TERESA
Jefe de Trabajos Prácticos: ESTEBAN, GABRIELA VERÓNICA
Jefe de Trabajos Prácticos: PURICELLI, MARIO ANTONIO
Ayudante 1°: BIAGOSCH, FACUNDO ALBERTO
Ayudante 1°: ESCALANTE, LILIANA
Ayudante 2°: ALTERINI, IGNACIO EZEQUIEL
Ayudante 2°: CIOFANI, DEBORA
Ayudante 2°: SAN MARTIN, MARIA TERESA

Comisiones de la Cátedra:   
  Comisión 9030: Ma. y Vi. - 10.00 a 11.30 hs.
  Comisión 9031: Ma. y Vi. - 15.30 a 17.00 hs.
  Comisión 9032: Ma. y Vi. - 17.00 a 18.30 hs.

 

 

Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires - Argentina

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