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Carrera Abogacía

 
Departamento: Derecho Económico y Empresarial
Asignatura: Finanzas Públicas y Derecho Tributario
Catedra: Gustavo Naveira de Casanova

Editorial

Objetivo de estas palabras introductorias

     En esta parte del portal académico de la Facultad, nuestra cátedra quiere brindar información al alumno y al público en general. Previamente, a modo de bienvenida a ella, pensamos que es imprescindible dar a conocer cuál es nuestra visión sobre la rama del Derecho que nos toca enseñar y trabajar.

La asignatura

     Nuestra asignatura estaba contemplada como una de las veintiocho requeridas para la formación del abogado en el Plan de Estudios para la carrera de abogacía establecido por Ordenanza Nº 22/61, sancionada el 27 de diciembre de 1961 por el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y posteriormente aprobada por la Universidad. Así se mantuvo durante 25 años, hasta 1985, cuando el plan de estudios fue modificado.

     La Resolución del Consejo Superior Provisorio Nº 809/85, del 24 de septiembre de 1985, aprobada a propuesta del Decano Normalizador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Dr. Eugenio Bulygin, mediante Resolución nº 16.009 del Consejo Superior de la Universidad, introdujo importantes modificaciones en el plan para la formación de los alumnos de Derecho en nuestra Universidad. Esa resolución comenzó a regir a partir de 1986 para los alumnos que aprobasen el Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA.

     En lo que a nuestra asignatura se refiere, la materia “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”, al no formar parte del Ciclo Profesional Común (CPC), ni de las tres materias obligatorias del Ciclo Profesional Orientado (CPO), dejó de ser un requisito que necesariamente debía cumplir todo alumno.

     Sus contenidos académicos quedaron disgregados en distintas ramas del plan, siempre dentro de las orientaciones del CPO. Así, la materia “Finanzas Públicas” (a secas), de cuatro puntos, era obligatoria para la Orientación en Derecho Público (sub-Orientación en Derecho Administrativo), sin que, a su vez, integrase la currícula de la Orientación en Derecho Tributario. Por su parte, otros contenidos propios de la materia se veían en la asignatura “Derecho Constitucional Económico”, de cuatro puntos, obligatoria también para la Orientación en Derecho Empresarial, cuyos contenidos y docencia están a cargo de las Cátedras de Finanzas y Derecho Tributario, si bien impartida dentro de la órbita del Departamento de Derecho Público, de manera compartida con profesores de Derecho Constitucional. Por último, los contenidos propios del Derecho Tributario quedaron solamente destinados a cubrir la Orientación en Derecho Tributario, a lo largo de las materias obligatorias y optativas.

     Ese cambio fue producto de la nueva concepción docente y académica adoptada con la modificación del plan, con la que se pretendía lograr que los alumnos recibiesen una formación común en las materias codificadas o troncales, para luego completar su formación mediante las orientaciones ofrecidas. Tales orientaciones no eran ni son ‘especializaciones’, ya que tal calificación compete a los estudios de post-grado. La orientación procura cubrir más acabadamente las necesidades académicas de aquellos que, una vez graduados, inclinarán su desempeño profesional hacia alguna de las diversas ramas del Derecho (Penal, Público, Privado, Empresarial, Tributario, Internacional o Laboral).

     Con el andar del tiempo se vio que el resultado no era el esperado puesto que era posible, mas no conveniente, que un alumno transcurriese toda su carrera por nuestra Facultad de Derecho sin tomar contacto -siquiera en mínima medida y entre otros- con los contenidos que son propios del Derecho Financiero y del Derecho Tributario.

     Así fue que en el 2004 se logró realizar una serie de modificaciones al plan de estudios: el 3 de noviembre de ese año, el Consejo Superior de la UBA aprobó la reforma curricular del plan de estudios, mediante la Resolución nº 3.798/2004, coronando así un trabajo de diagnóstico y propuesta de tal índole iniciado en mayo de 2002.

     Si bien se lo denomina “Plan Nuevo”, para diferenciarlo del “Plan 809/85”, debe advertirse que su implantación no importó un cambio tan radical como, en cambio, había sido el anterior con respecto al de 1961. Por el contrario, pensamos que fue una corrección razonable del plan de 1985, a casi 20 años de su puesta en marcha, para conservar los logros de éste, a la vez que para suplir y corregir las deficiencias encontradas.

Cómo concibe la cátedra la materia

     Es fundamental tomar en cuenta que las normas de Derecho Financiero, al igual que las normas del Derecho Penal, fueron de las primeras reglas de Derecho Público fijadas por la civilización. El típico ejemplo de la Carta Magna que los barones y señores obtuvieron en 1215, mediante la fuerza, del Rey de Inglaterra, Juan sin tierra, nos ilustra acerca de que contenía tanto las típicas garantías penales referidas al principio de reserva de ley en tal ámbito (no hay delito ni pena sin ley previa), como también una serie de pautas muy importantes en materia financiera, es decir acerca de las contribuciones que debían realizarse al rey a fin de que llevara a cabo los fines que se proponía.

     A partir de esta constatación, y pasando revista por las grandes revoluciones de la humanidad, donde la cuestión tanto financiera como la específicamente tributaria fue uno de los detonantes o de sus componentes más importantes, cabe colegir que dentro de la formación de todo ciudadano, y más aún de quienes han de desempeñar un papel específico en la administración y consecución de la justicia (abogados, jueces, magistrados, funcionarios vinculados con el ámbito del Derecho), es imprescindible el adecuado conocimiento y respeto de las normas financieras.

     Así, como lo señala reiteradamente el Dr. José O. Casás, el conocimiento de las Finanzas Públicas y, fundamentalmente, del Derecho Financiero como componente destacado de ellas resulta imprescindible para el aprendizaje de toda la teoría del Estado y de sus derivaciones. Como señaló Juan Bautista Alberdi, sin rentas públicas no hay gobierno posible, añadiendo que el gobierno que no cobre los tributos correspondientes tenderá a procurarse sus recursos de manera espuria siendo luego el más caro de los gobiernos.

     Es imprescindible hacer notar al alumno que las normas financieras y las tributarias principalmente no son leyes ni reglamentos odiosos, sino que son las que deben permitir el funcionamiento del aparato del Estado. No son disposiciones que naturalmente avasallen los derechos individuales sino que, por el contrario, son las que permiten su mantenimiento, protección y garantía gracias a que posibilitan el sostenimiento del propio Estado.

     Dentro del Derecho Financiero, sus partes componentes han de ser estudiadas con la dedicación necesaria. No sólo los recursos públicos de carácter tributario, sino también los demás, sean provenientes del uso del crédito público (empréstitos internos y externos) como también los que son allegados por la utilización de los bienes del dominio público, de las empresas en las que el Estado tiene alguna participación (completa o parcial).

     También, es preciso que se conozca el funcionamiento de los gastos públicos, como herramienta jurídica, además de económica, que permite la concreta marcha del Estado. El Derecho del gasto público es, de forma inmediata, el antecedente del mantenimiento y garantía de todos los derechos humanos de los ciudadanos, sean fundamentales o no. En un marco de escasez acuciante como el que suele transitar nuestro país, lamentablemente, su estudio deviene necesario como forma de llegar a consensos sobre las prioridades y la determinación de los gastos que son impostergables. Todo recurso, desde su definición económica, es un bien escaso y susceptible de usos alternativos. Por ende, la óptica jurídica sobre este fenómeno es necesaria e insustituible.

     La articulación de los ingresos públicos y los gastos públicos, como en feliz metáfora indicara Maurice Duverger al decir que conforma el “corazón” del Estado que “aspira” los recursos y los “expele” en forma de gastos, haciendo funcionar, con movimientos de “sístole y diástole” la maquinaria pública, a la vez que interactuando (positiva o negativamente) en los mercados, ha de verse en la institución del presupuesto. Como se ha dicho, la ley anual de presupuestos es la “ley de leyes”, ya que configura en cifras la actividad concreta del Estado. Ni más ni menos. Y, de manera simétrica, el control que sobre su cumplimiento debe hacerse, mediante la rendición de cuentas, los mecanismos concomitantes y a posteriori de revisión, y la confección de la cuenta de inversión, devienen en herramientas cuya importancia no puede ser desconocida porque hacen a la médula de la cosa pública, de la república misma, de lo que es de todos y de cada uno de sus ciudadanos y habitantes.

     El Derecho Financiero en nuestro país no se circunscribe a un plano estatal, sino que se conforma con normas de diversas fuentes, ya que si bien la Nación tiene poder financiero, asimismo lo poseen las provincias y sus municipios (arts. 121 y 123 de la CN), en sus respectivas órbitas de actuación competencial.

     La articulación de las finanzas a múltiples niveles de gobierno, como ocurre en nuestro Estado federal, implica el estudio de los mecanismos de coordinación financiera. Aquí cobra relevancia insustituible el estudio de la coparticipación provincial en impuestos nacionales (art. 75, incs. 2º y 3º de la CN). La ley de coparticipación es una herramienta clave para el impulso financiero y económico del país.

La Orientación en Derecho Tributario

     La Orientación en Derecho Tributario muestra las características y posibilidades de esta rama del Derecho tanto para su estudio como para su ejercicio profesional, sea como abogado litigante o en carácter de asesor, como también para ejercicio de la función pública, o de la magistratura.

     A partir de la década de los ’90 se pudo apreciar con nitidez que la tributación es la forma genuina en que ha de financiarse un Estado, más allá de recurrir a otros mecanismos como el endeudamiento, la venta de activos, la emisión monetaria, que pueden resultar útiles en ciertos contextos, pero de los cuales no se puede abusar sin tener que pagar las lamentables consecuencias que nuestro país ha tenido que sufrir tanto en forma de hiperinflación como de hiperendeudamiento.

     Tras la reseñada modificación del plan de estudios en el 2004, la Orientación ha quedado configurada por tres nuevas asignaturas principales: “Teoría general del Derecho Tributario”, “Régimen tributario argentino” y “Procedimientos y procesos tributarios”, cada una de cuatro puntos, a los que el alumno que desee obtener el certificado de la Orientación deberá complementar con al menos ocho puntos más entre algunas de las asignaturas derivadas que se ofrecen.

Método de enseñanza

     Consideramos que la enseñanza en clase debe incorporar, a la metodología “tradicional” de la denominada “clase magistral”, todas aquellas herramientas aprendidas y aprehendidas en los talleres de la Carrera Docente de la Facultad. Ello sin perjuicio de reconducir la clase magistral a su cauce equilibrado, consistente en el cumplimiento del rol del profesor como guía para fijar las metas de estudio insertas el programa de cada asignatura, en acercar y organizar parte de los conocimientos a la clase, en la indicación de la bibliografía central y básica, en la sugerencia de otras fuentes bibliográficas o de otros elementos, en la dirección del aprendizaje de los alumnos, y sobre todo en la evaluación de resultados.

     En este último punto, estimo fundamental la evaluación no sólo del proceso de los resultados alcanzados por los alumnos (a través de evaluaciones) sino, además, de las fallas que pudiera tener el docente en la transmisión de conocimiento. Es decir, que sin resignación alguna del rol docente, la crítica del alumno deberá ser recabada para su incorporación. A tales efectos, considero de imprescindible utilización la realización metódica de encuestas anónimas, al finalizar el curso, y con antelación a la realización de los exámenes, puesto que permite detectar y corregir ciertos problemas y desacoples en proceso de enseñanza y aprendizaje.

     Sobre la base de lo anterior, es fundamental aplicar el método socrático, provocando y alentando la interacción docente-alumno, y el estímulo de la búsqueda permanente de razonamientos correctos, de soluciones posibles, en reemplazo de la ilusoria persecución de supuestas verdades absolutas.

     Es también necesario incorporar la metodología del análisis y crítica de la jurisprudencia de los tribunales nacionales, de los locales, de otros países e internacionales.

     También participamos de la idea de realizar experiencias prácticas por parte de los alumnos, convencimiento al que llegamos luego de haber experimentado tanto en la carrera de grado como en el posgrado con talleres de tal índole. Por ejemplo, ello es imprescindible en las materias donde han de verse contenidos vinculados con el procedimiento tributario, confeccionando diversos “trabajos prácticos” sobre la base de fotocopias de expedientes reales (determinaciones de oficio, sumarios por infracciones formales, ejecuciones fiscales, demandas de repetición, determinación de deuda previsional, etc.) debidamente sustituidos los nombres, números, direcciones y demás datos de los involucrados en el caso verdadero por otros ficticios.

     Debe intentarse además el análisis del Derecho comparado, tomando como referencias aquellos sistemas de países que tengan características similares al nuestro. Es por ello que, toda vez que sea posible, cuando un profesor de Derecho Financiero de universidades extranjeras visita nuestra Facultad, u otras con las que mantenemos relaciones académicas amistosas, tratamos de que imparta alguna clase a nuestros alumnos, para que éstos puedan tener una visión alternativa de la asignatura.

     La investigación del alumno en puntos concretos de la materia también debe ser estimulada, no para la elaboración de monografías de mera recopilación, sino para el planteo de los problemas y el atisbo de sus soluciones. En este aspecto, opinamos que debe ser corregida, en la medida de lo posible, la deficiencia en la enseñanza del método científico y en las características metodológicas básicas de los trabajos de investigación.



Docentes de la Cátedra

Profesor Titular: NAVEIRA DE CASANOVA, GUSTAVO JOSÉ

Profesor Adjunto: KUMOR, DANIELA
Profesor Adjunto: LAGUZZI, EDUARDO MARIO
Profesor Adjunto: NIETO, MARCELO ADRIAN
Profesor Adjunto: SCHURIG, HARRY LIONEL
Profesor Adjunto: VARELA, PABLO SERGIO
Jefe de Trabajos Prácticos: LUIS, CLAUDIO ESTEBAN
Jefe de Trabajos Prácticos: YULAN, OSCAR ALBERTO
Ayudante 1°: RATTI, GERARDO DANIEL
Ayudante 2°: ANDREJIN, DIEGO
Ayudante 2°: MATINATA, JORGE SAVERIO
Ayudante 2°: RODRIGUEZ ALONSO, VIRGINIA MARIANA

Comisiones de la Cátedra:   
  Comisión 9430: Lu. y Ju. - 08.30 a 10.00 hs.
  Comisión 9431: Lu. y Ju. - 08.30 a 10.00 hs.
  Comisión 9432: Ma. y Vi. - 15.30 a 17.00 hs
  Comisión 9433: Lu. y Ju. - 18.30 a 20.00 hs
  Comisión 9434: Lu. y Ju. - 20.00 a 21.30 hs

 

 

Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires - Argentina

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