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Carrera Abogacía

 
Departamento: Derecho Penal y Criminología
Asignatura: Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal
Catedra: Julio Virgolini

Editorial

Editorial de la cátedra de

Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal

del Dr. Julio Virgolini 

La materia Elementos de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal es el resultado de la fusión de tres materias que tradicionalmente se han impartido por separado –aunque obviamente vinculadas entre sí por su contenido y por alguna correlatividad formal-, que son Derecho Penal parte general, Derecho Penal parte especial y Derecho Procesal Penal. Debido a la aparente heterogeneidad de sus contenidos y a su evidente amplitud, Elementos sólo proporciona conocimientos básicos que, para el caso de los estudiantes que sigan la orientación en Derecho Penal, deberán ser complementados y profundizados en el Ciclo Profesional de la carrera. No obstante, su estudio reviste singular complejidad, no sólo en cuanto a la comprensión de los conceptos y la difícil articulación de las instituciones jurídicas que lo componen, sino porque presupone y exige una singular ubicación del estudiante con relación al cuerpo de conocimientos que los programas de la materia consignan. 

Procuraré explicarlo con sencillez. Los programas en uso de la materia comprenden unas series de conocimientos vinculados con la interpretación y la aplicación de la ley penal (fundamentalmente el código penal, pero también algunas leyes complementarias) y de la ley procesal (el código de procedimientos en materia penal y la legislación penitenciaria, entre otras), que consagran un cuerpo normativo que, aunque de distinta naturaleza (ley sustantiva por un lado, ley adjetiva  procedimental por el otro), regulan conjuntamente un programa estatal de criminalización; esto es, establecen cuáles son los comportamientos generalmente individuales –pero a veces colectivos- que son calificados como delito por lesionar ciertos intereses que se estiman de gran significación o por el modo socialmente intolerable en que son atacados; determinan las condiciones y los presupuestos bajo los cuales esa calificación como delito puede o no aplicarse a algunos comportamientos, que es lo que se denomina teoría del delito y constituye la parte central y esencial de la materia; establece los procedimientos a través de los cuales un Juez se encuentra en condiciones de dictar una sentencia y una sentencia en condiciones de ser cumplida; formula los modos y las condiciones bajo de las cuales una sentencia –si fuere condenatoria- debe ser ejecutada. Esta enumeración no es exhaustiva: aspectos vinculados con la existencia y la validez de la ley penal y procesal, y sobre todo los relacionados con la teoría de la pena, entre muchos otros, están comprendidos en los programas usuales. 

De este modo, el derecho penal y el derecho procesal penal constituyen los artefactos normativos reguladores del ejercicio de una función estatal, enderezada a determinar cuáles con los actos más gravemente violatorios de las reglas de convivencia social y prefijar consecuencias penosas para sus autores, que se impondrán al cabo de un procedimiento también legalmente reglado. 

Pero esta función estatal constituye sin duda un territorio mucho más vasto que el abarcado por el reducido mapa que constituyen los programas o el reducido compendio de instituciones jurídicas que constituye la parte central de la materia: la teoría del delito. Una extendida perspectiva dogmática conduce a sobrevalorar el estudio de la teoría del delito, entendiendo que el derecho penal constituye sobre todo un método racional de solución de los conflictos, y de este modo aspira a construir un edificio argumental no contradictorio y generalmente autorreferente, que permita resolver casos prácticos de modo sistemático y racionalmente previsible; los conceptos y las formas de comprensión del derecho penal son considerados así como parte de un sistema, esto es, como integrantes de un conjunto no contradictorio, capaz de ofrecer soluciones racionales y no discordantes a los casos que se presenten al observador, sea éste un abogado, un fiscal o un juez. 

Es innegable el valor de un derecho penal entendido de este modo, que contempla sin duda el valor de a seguridad jurídica y de la libertad y conduce a desterrar la arbitrariedad y el voluntarismo. Aquí se presenta un componente indispensable para la comprensión –no sólo el conocimiento- del significado político –no sólo jurídico- de este conjunto: al mismo tiempo que el derecho penal y el derecho procesal penal estructuran y regulan un programa de criminalización de comportamientos indeseables, también consagran garantías. Éstas no son otra cosa que límites a la función estatal de castigar y están constituídas por una serie de supuestos de orden penal y de orden procesal, bajo de los cuales no es posible una sanción, o ésta debe ser limitada o reducida, o no es posible concretar procesalmente una imputación. 

Esta es la otra faz de la materia, o más bien del derecho que la materia –y particularmente esta cátedra- aspira a desarrollar: la faz de las garantías como límites al poder punitivo estatal y, en este sentido, como garantía de la libertad como adquisición política de los ciudadanos y de los habitantes. 

En este sentido, el reducido mapa del derecho penal, habitualmente considerado como mera técnica de resolución de casos, exige una vinculación mayor con el territorio en el que se desarrolla y que, no obstante, no es capaz de expresar. El territorio donde el derecho penal actúa está constituído en la modernidad por la función estatal de sancionar los delitos, heredero del poder del soberano de castigar la desobediencia, en el marco del respeto a los estatutos políticos que desde siempre –y aquí incluyo la propia edad media- representaron límites al poder de los señores. Y está constituído en la historia de la humanidad por la práctica social del castigo, desde los ancestros del hombre, como elemento al parecer indispensable para asegurar el cumplimiento de las reglas que denotan la cultura y su evolución histórica.

Desde esta perspectiva, el derecho penal y el conjunto de las instituciones jurídicas y sociales que lo actúan hunden sus raíces en la determinación política de la soberanía y de la ciudadanía, en la tensión permanente entre poder y libertad. El estudiante de derecho penal debe conocer a fondo la técnica, representada sobre todo –pero no sólo- por el gran edificio conceptual de la teoría del delito, pero debe conocer que el desarrollo y la actuación de ese edificio normativo se cumplen en un terreno iluminado por la historia, por la antropología, por la filosofía, por la economía, por la sociología, etc., y sobre todo por la política. Y debe remarcarse la política, dado que la función estatal de castigo se desarrolla en el marco de la relación política por la cual el Estado tiene derecho legítimo a mandar y a ser obedecido –o a castigar si fuere necesario- y el ciudadano tiene el deber de obedecer las reglas.

Esa relación, que constituye lo que en el marco de la ciencia política se llama el problema de la obligación política, es el amplio territorio en el que el uso de las herramientas que denota el mapa del derecho penal encuentra legitimidad. O no la encuentra o la ha perdido, y éste es el recodo en donde cobran importancia algunos conceptos sociológicos y políticos como los de marginación, exclusión, ciudadanía, etc., en suma de la injusticia, que tradicionalmente son extraños al derecho penal, pero que lo iluminan por constituir las determinaciones de la política sobre el territorio donde el derecho penal pretende moverse.

El ámbito al que el derecho penal pertenece no es sino el ámbito en el cual las sociedades establecen las diferencias entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Pero de hecho el territorio donde el derecho penal despliega sus efectos ha sido siempre el terreno marcado y roturado por la injusticia social y la exclusión política. Al fin y al cabo el discurso sobre los delitos y los castigos se mueve en la esfera de lo justo y lo injusto, y el penalista no debe perder de vista jamás el compromiso con ese punto de partida.



Docentes de la Cátedra

Profesor Titular: VIRGOLINI, JULIO

Profesor Adjunto: BORINSKY, MARIANO HERNAN
Profesor Adjunto: DELANGHE, MARCELA VIVIAN
Profesor Adjunto: GARÇON, NANCY
Profesor Adjunto: LOPEZ IÑIGUEZ, MARIA GABRIELA
Profesor Adjunto: SILVESTRONI, MARIANO HUGO
Profesor Adjunto: VARELA, MARIANO
Jefe de Trabajos Prácticos: BARBITTA, MARIANA

Comisiones de la Cátedra:   
  Comisión 7680: Miercoles - 17.00 a 20.00 hs.
  Comisión 7690a: Miércoles - 17.00 a 20.00 hs.
  Comisión 7830: Lu. y Ju. - 07.00 a 08.30 hs.
  Comisión 7831: Ma. y Vi. - 07.00 a 08.30 hs.
  Comisión 7832: Lu. y Ju. - 15.30 a 17.00 hs.
  Comisión 7833: Miércoles - 17.00 a 20.00 hs.

 

 

Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires - Argentina

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